Carta abierta a la Araucanía

El Estado de Chile no ha resuelto de manera democrática, pacífica, ni en forma respetuosa su relación con los pueblos originarios. Tal condición nos pone al margen de los más elementales principios de convivencia social democrática y afecta no solo a los pueblos originarios, puesto que priva, debilita y empobrece la identidad, cultural y la densidad de la convivencia democrática de nuestra sociedad.

Escribe, Joaquín Tuma, Diputado*

Soy hijo de la Araucanía, nací, me eduqué y he desarrollado mi vida familiar y profesional en esta tierra. Por eso me siento, como muchos, responsable en la búsqueda de una solución al conflicto que ha amenazado la convivencia y paz social de nuestra comunidad regional.

Estamos frente a un conflicto donde se juega el tipo de sociedad que hemos construido y queremos construir. Nuestra Región vive la secuela de una irrupción de un Estado que rompe unilateralmente el reconocimiento de la existencia de una nación-pueblo anterior al Estado de Chile. Un modelo de Estado que busca consolidarse bajo la visión de homogeneidad cultural y social, unidad política y gobierno central.

Este conflicto que nos acompaña hasta nuestros días, se genera a partir de la negación unilateral que el Estado de Chile hace, no solo de la existencia del Pueblo Mapuche, sino también de diversos tratados internacionales reconocidos y ratificados por la Corona Española y por Chile: Quilin 1641 y Tapihue 1825, Parlamentos donde se reconocen nociones básicas de fronteras, territorio y pueblo; además de un clausulado que contiene la regulación de convivencia intercultural entre el Pueblo Mapuche, la Corona y luego la naciente República.

La mal llamada Pacificación que culmina en 1881 da inicio a la etapa de la colonización de este territorio, promueve la radicación de colonos que contribuyeron al desarrollo local, pero que también permitió, en algunos casos, abusos, usurpación y violencia. Si queremos avanzar en la construcción de una nueva forma de convivencia, es preciso reconocer que la construcción de una sociedad homogénea permitió el exterminio de los pueblos australes y del norte, y la negación del Pueblo Mapuche, cuya condición libertaria y de no sometimiento sólo alabamos en la voz de Ercilla.

El Estado de Chile no ha resuelto de manera democrática, pacífica, ni en forma respetuosa su relación con los Pueblos originarios. Tal condición nos pone al margen de los más elementales principios de convivencia social democrática y afecta no solo a los pueblos originarios, puesto que priva, debilita y empobrece la identidad, cultural y la densidad de la convivencia democrática de nuestra sociedad.

Todos los gobiernos han atendido los conflictos, sin impulsar un proceso de construcción de una sociedad multicultural, plurirracial y plurinacional. ¡Estamos entrampados! La violencia se instala junto al Estado de Chile, a veces se expresa de manera manifiesta y la mayor parte del tiempo está latente. Mientras persista esta deuda sobre espacios y tierras usurpadas, es difícil pensar en reestablecer una convivencia armónica, pero también mientras no exista una institucionalidad que permita expresar las diferencias entre ambos pueblos que comparten un Estado común será imposible reestablecer la paz social.

Este déficit de nuestra institucionalidad democrática es un vacío que ha dado paso a la violencia de la que todos hemos sido testigos hasta estos días, en que ha afectado a agricultores, colonos, parceleros y transportistas, quienes nada tienen que ver con el origen del conflicto, por lo que todos hoy somos victimas: mapuche, huinca, mestizos, colonos, todos. La victima es la región entera.

Ahora, frente a la incapacidad del Estado y de los gobiernos de turno para enfrentar el tema de fondo y convencidos de que Santiago jamás resolverá nuestra problemática, debemos hacernos una autocrítica; la Región tampoco ha sido «capaz» de construir una propuesta de consenso para exigir de los gobiernos las reformas políticas que permitan atender el problema de fondo y generen un nuevo pacto social que permita la existencia y desarrollo del Pueblo Mapuche con su forma de vida y singularidades propias que son las que conforman la diversidad social y cultural de la región y el país.

Tenemos el desafío de iniciar un diálogo sincero que nos permita construir un camino de entendimiento. Nos toca el desafío de promover una sociedad multicultural en el marco de un país cargado de racismo, prejuicios y exclusiones de uno y otro lado. Tenemos el desafío de hacernos cargo de nuestro territorio en el marco de un Estado centralista que asfixia a las regiones, provincias y comunas.

Ningún gobierno hará esta tarea por nosotros, por lo tanto somos responsables de iniciar este proceso, lograr el diálogo, identificar los acuerdos y también los disensos y desde ese proceso avanzar en una propuesta regional común que hacer al gobierno central.

Antes de identificar las demandas, creo que es necesario converger en los principios básicos que permitirán construir una nueva relación. No pretendo imponer nada, simplemente expresar algunos elementos que considero mínimos para avanzar: Este proceso debe estar basado en la buena de fe, es decir en la convicción de que es posible y es mejor construir un camino de entendimiento. Un profundo respeto a la diversidad cultural, social y étnica; un rechazo a cualquier forma de racismo, discriminación y a cualquier tipo de violencia, ya sea verbal, cultural, física y sicológica. El reconocimiento y valoración de las singularidades del Pueblo Mapuche y sus identidades, el reconocimiento y respeto de sus derechos que son anteriores al Estado de Chile. El reconocimiento y valoración de los grupos sociales, culturales y migraciones que participan de la comunidad regional. La convicción de que es posible construir una sociedad multicultural que comparte un sentido de Estado y Nación común y que permite la participación política de todos los ciudadanos y de los grupos sociales y étnicos que la componen.

Finalmente, me asiste la convicción de que la Región de la Araucanía requiere un estatuto y un trato distinto al resto del país, en que se reconozcan sus singularidades y se propicie el desarrollo y bienestar de sus comunidades con medidas específicas consensuadas desde la Región y con la participación de todos sus ciudadanos y actores sociales, reconociendo que el Estado de Chile llega a La Araucanía 70 años más tarde que en el resto de las regiones.

Esta carta es una invitación a iniciar el diálogo y la hago pública con la humildad de un ciudadano agradecido de las oportunidades que esta tierra le ha brindado y con el compromiso y responsabilidad que nos demanda el actual grado del conflicto y sobre todo, el bienestar de las próximas generaciones, que nos interrogarán mañana sobre qué hicimos para construir una mejor región, más justa, más respetuosa y más diversa.

*Distrito 51