Fallo en contra de CHV: Grave atentado a la libertad de expresión

La resolución de la jueza (s) del Vigésimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago, Ximena Díaz, que condenó a Chilevisión a pagar 320 millones de pesos al ex juez Calvo y a su familia por los perjuicios causados por utilizar una cámara oculta en un reportaje en el marco del caso Spiniak, sin duda afecta y limita gravemente la libertad de expresión en el país.

Escribe Francisco Martorell, director y propietario revista El Periodista.

Se entiende que la libertad de expresión, además de ser un doble derecho, conlleva una responsabilidad.

No se trata solo de informar y bien, sino también de abrir nuestros medios de comunicación para que las diversas voces ciudadanas, se expresen. Sean ellas letradas y doctas o que emerjan desde los sectores con menor educación. Estemos o no de acuerdo con ellas.

La sociedad somos todos. Fácil es hacer un medio que exprese solo las ideas de sus propietarios y más aún, cuando éste no afecta los poderes, no estimula el pensamiento crítico o se niega a incorporar a personas que disgusten y afecten los intereses políticos y económicos del sistema.

El periodismo de investigación, además de recursos, necesita de un espacio libre donde desarrollarse, con el objeto de buscar informaciones ocultas y develarlas en beneficio de la población.

Los equipos periodísticos, entonces, necesitan un marco social para trabajar, que los proteja y un apoyo de los propietarios de los medios, quienes deben quedar excluidos de toda responsabilidad, penal o económica, para que la labor profesional sea independiente. No puede un director o un dueño de un medio ser el censor de sus trabajadores, cercenar su libertad e impedirles ejercer su profesión. Tampoco limitar la acción de columnistas o colaboradores.

El reciente fallo de la jueza (s) del Vigésimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago, Ximena Díaz Guzmán, que condenó a Chilevisión a pagar 320 millones de pesos al ex juez Calvo y a su familia por los perjuicios causados por utilizar una cámara oculta en un reportaje en el marco del caso Spiniak, sin duda afecta y limita gravemente la libertad de expresión en el país. Ello porque la decisión en primera instancia, que ojalá sea rectificada en tribunales superiores, determina la responsabilidad de la empresa televisiva por el uso por un equipo de prensa, de una cámara oculta, decisión que se toma en fragor de la acción periodística. Para la Justicia, sin embargo, “toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquéllos que estuvieren a su cuidado; más delante, el inciso cuarto se refiere a que los empresarios responden por el hecho de sus dependientes, en el mismo caso, es decir mientras estén bajo su cuidado, de manera que la empresa de televisión Chilevisión S.A. responde por el hecho de sus dependientes que estuvieren bajo su cuidado, salvo que probare, conforme al inciso final del precepto citado, que con su autoridad y cuidado, que a su calidad de empresario le confiere, trató de impedir la realización de los hechos”, dice el fallo.

Eso, para el trabajo periodístico, se entiende como censura. Si los empresarios o dueños de medios, están obligados a lo que dice la jueza Díaz, los periodistas verán su trabajo acotado.

Hay otros casos, en la justicia, que también limitan la acción profesional de los periodistas y afecta la libertad de expresión, así como el derecho de los chilenos a estar informados. Ojalá el Poder judicial comprenda que en situaciones como estas, el bien social protegido, el derecho a informar e informarse, debe primar sobre otros individuales. Por el bien común, nada más…