¿Estado o botín?

Sirva también, una vez más, como lección para el sector privado que cree que el Estado es menos público y más propio cuando amigos o conocidos llegan a altos cargos o deciden sobre el destino de millonarias partidas presupuestarias.

La nueva forma de gobernar se encontró de golpe con la realidad. Y una sentencia: ¡No es fácil hacerlo!

Si bien el caso Kodama o Minvu, para la gran mayoría, aparece como una telaraña difícil de entender, poco a poco van surgiendo nexos y relaciones que muestran que la transparencia fue la única ausente cuando se decidió entregar una millonaria cifra indemnizatoria a la empresa constructora mencionada.

Lo ocurrido revela que el Estado, sea quien sea el que gobierne y aunque use fórmulas nuevas o viejas, debe ser permanentemente controlado y supervisado, generando mecanismos que si bien entorpecen su funcionamiento aseguran que la plata de todos los chilenos estará protegida.

A la Concertación, en su momento, se la acusó de mala gestión de los recursos y escasa eficiencia. En parte, tal diagnostico, no era equivocado. Menos después de 20 años en que los nombres se repitieron, se generaron castas en los servicios públicos y tanto las ideas como las ganas sufrieron un fuerte desgaste.

Sin embargo, los nuevos inquilinos de palacio, al parecer, creyeron que bastaba con la experiencia del sector privado para desengrasar el Estado y avanzar raudamente en la concreción de los planes gubernamentales. No es así.

Ahora, con el caso Kodama-Minvu y antes con la intendente van Rysselberghe, la derecha gobernante entiende por qué muchos de los mejores hombres de sus filas se negaron a ingresar al aparato estatal cuando fueron requeridos desde los ministerios o las entidades públicas.

Magdalena Matte, hoy salpicada, lo comprendió abruptamente. Renunció, bien por ello, pero con la carga de la misión incumplida.

Con las platas del Estado no se juega, ni con sus inversiones o licitaciones. Ellas deben ser protegidas y aseguradas, porque no le pertenecen al funcionario de turno y no se trata de apurar las cosas o hacer con ellas lo que se crea es más conveniente, aunque efectivamente lo sea.

El Minvu vive hoy una situación similar a la que sufrió el MOP en tiempos de Ricardo Lagos. La gran diferencia es que, conocedores de los vericuetos de las partidas estatales y los sinsabores del Estado, los actuales opositores han sido cautos a la hora de exigir responsabilidades.

Suerte tiene la ex ministra Matte de que sus antecesores hayan sido acusados penalmente por cuestiones que, en la mayoría de los casos, sólo entrañaban una responsabilidad política.

Tal apreciación, para el caso Minvu-Kodama, permitirá desentrañar realmente las responsabilidades, si es que las hay, pudiendo separar la paja del trigo y avanzando hacia lo que finalmente debe importarnos: tener funcionarios probos y que defiendan el patrimonio de todos como si fuera el de ellos.

Sirva también, una vez más, como lección para el sector privado que cree que el Estado es menos público y más propio cuando amigos o conocidos llegan a altos cargos o deciden sobre el destino de las partidas presupuestarias.

Sólo la transparencia, la fiscalización independiente y rigurosa, una prensa inquisidora y una sociedad consciente y movilizada, son capaces de impedir lo que ni la nueva ni la vieja forma de gobernar pueden evitar.

Queda la satisfacción, además, que el Estado no perdió los miles de millones de pesos que “diligentemente” algunos quisieron traspasar a manos privadas. El que lo evitó, tiene que estar orgulloso de su acción. Los que firmaron el traspaso y apuraron el tranco, mientras se investigan sus responsabilidades funcionarias y penales, pueden volver al sector privado. El Estado, que somos todos, no los quiere ni los necesita.