Entre la comida chatarra y la TV basura
¿Usted está al tanto del debate que regula el tránsito a la Televisión Digital Terrestre (TDT)? Sabe, por ejemplo, que el 6 de abril la Cámara dio media sanción a una Ley que sienta las bases para la distribución de un espacio que también es suyo, tan valioso que fue declarado propiedad de la Humanidad por organismos internacionales y se denomina “espacio radioeléctrico”. ¿Y que el 13 de abril el Gobierno le dio carácter de urgencia, lo que anularía toda posibilidad de discusión seria en el Senado? ¿Tiene idea, a grandes rasgos, de qué es lo que está en juego?
No parece necesario recoger respuestas del universo de lectores para constatar que la inmensa mayoría no podría responder con cierta solvencia a cuestiones que, creo, cuesta enormemente comenzar a dilucidar.
Esto no se vincula únicamente con el especial esfuerzo que requiere el abordaje de un tema que obliga a confrontarse con aspectos de corte jurídico y técnico bastante áridos para legos. La explicación de la casi total desinformación que cunde en estas materias pasa por el cerco informativo tendido por los principales interesados: los propios medios masivos.
Lo que sí es de público conocimiento es que la cobertura de los medios sobre la agenda parlamentaria reciente se concentró en el debate sobre la comida chatarra, que puso en evidencia hasta qué punto algunos parlamentarios privilegian sin pudor los intereses de algunas empresas por sobre la salud de las personas. De modo semejante, el comportamiento de muchos de ellos en torno a la TDT transparenta su preocupación por cuidar los intereses de los actuales operadores, lo que va de la mano con impedir prácticamente todo proceso democratizador de las comunicaciones. Pero ¿por qué habría de preocupar el tema de la regulación del tránsito hacia la TV digital cuando, según los medios masivos, parece tratarse sólo de las infinitas ventajas técnicas que nos ofrecerá este salto a la pos-posmodernidad?
Sucede que Chile está muy lejos de contar con el entorno mediático libre, independiente y pluralista que la Unesco considera imprescindible para fomentar la democracia. Como en toda América Latina, el escenario mediático está signado por niveles inusitados de concentración de la propiedad y el abuso del concepto de libertad de expresión como escudo contra todo intento regulador.
Lejos de poder jactarse de la pole position, Chile registra uno de los más altos índices de concentración en la región, con tendencia a incrementarse. Es en este escenario donde se desarrolla la discusión legislativa en torno a la TDT que, a su vez, se distingue por la falta de transparencia y el casi nulo debate ciudadano al respecto.
Ahora bien ¿qué es lo que está en juego en estos aciagos días de abril de 2011? A continuación, sigue un intento casi desesperado por identificar las cuestiones centrales de esta cuestión desde el llano, es decir, ni desde la expertise jurídica, ni desde la tecnológica, ya que lo que cuesta, precisamente, es traducir aquello al resto de los mortales que aspiramos a tener una mínima participación en un debate tan trascendental para la calidad de la democracia como éste. El dato básico es que la TV, al igual que la radio, funciona en el espacio radioeléctrico, que es finito y ha sido declarado propiedad de la humanidad.
El tránsito de la TV analógica a la digital implica, entre otras cosas, que en ese espacio finito habrá una disponibilidad de frecuencias –imprescindibles para las transmisiones– mucho mayor que la hasta ahora existente. Esto genera interrogantes de enormes implicancias políticas, sociales y económicas como: ¿de qué manera se distribuyen esas nuevas frecuencias, qué derechos tienen los operadores existentes, cómo renuevan sus concesiones y de qué manera se facilita el ingreso a los nuevos de modo tal que se promuevan el pluralismo y la diversidad?
A partir del proyecto de Ley aprobado por la Cámara de Diputados el 6 de abril, las respuestas no son muy alentadoras. En primer lugar, se establece una serie de criterios en cuanto a la duración de las concesiones que favorece claramente a los actuales concesionarios. El proyecto aprobado por varios diputados de la oposición no recoge ninguna de las indicaciones propuestas por las organizaciones sociales que buscaban poner en un pie de igualdad a los nuevos operadores con los antiguos. A su vez, asegura beneficios adicionales a los propietarios de los canales existentes, como nuevas fuentes de financiamiento a través del cobro por la programación de hasta el 50% del espectro.
Para los espectadores de la TV abierta, mayoritariamente de los sectores más pobres, esto significa que terminarán pagando por la programación de mayor éxito. Otro punto sustantivo es que no se sabe cuál es el espectro disponible para que entren nuevos operadores, ya que no se cuenta con una herramienta básica, una suerte de mapa del espacio radioeléctrico, llamado Plan de Distribución del Espectro, actualmente en construcción.
Uno de los puntos de la Ley que, en una primera mirada, suscita entusiasmo a quienes no somos millonarios empresarios multimedia, es que se reserva el 40% del espectro para canales regionales, locales y comunitarios. Sin embargo, al no contar con el Plan de Distribución, los parlamentarios no saben a ciencia cierta sobre qué universo están hablando, es decir, qué disponibilidad real existe.
La Ley votada el miércoles 6 de abril señala que se tratará del 40% restante una vez que los actuales operadores hagan la migración. A no perderse: la clave se encuentra en la voz “restante”. En palabras de la Directora del Observatorio de Medios FUCATEL, Manuela Gumucio: “El Gobierno de Piñera estaría logrando una ley con los ojos puestos solamente en garantizar el financiamiento de los actuales canales en el nuevo escenario”. ¿Qué sentirá un diputado de la oposición, digamos, un progresista, al aprobar semejante paquete? Frente a esta pregunta de orden casi espiritual, surge otra más bien racional: ¿será menos grave suponer que los parlamentarios no sabían qué estaban votando, o todo lo contrario? Antes de pergeñar respuestas que lleven al lugar común que es descreer de la clase política en su conjunto, cabe hacer honrosas distinciones. Varios diputados de oposición hicieron serias intervenciones respecto de los puntos críticos del proyecto, invitando al Senado a corregirlos. Sin embargo, hasta el momento, la batalla es desigual.
Pese a las indicaciones hechas por aquellos diputados, el pasado miércoles 13 de abril, el Senado rechazó, en sesión extraordinaria, que el proyecto de ley de TV digital sea visto por la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Esto significa que sólo sería vista en las comisiones de Hacienda y de Transporte y Telecomunicaciones. Al evitarse la primera comisión, el Senado está ignorando que el articulado del proyecto de Ley se vincula directamente con los contenidos televisivos, con el correcto funcionamiento de la TV y su misión social y con el ingreso de señales culturales, educativas y comunitarias al mercado televisivo. Para colmo, el Gobierno le puso “suma urgencia” al proyecto de Ley, lo que implica que se debe tramitar en diez días. Este escenario dificulta aún más la incidencia ciudadana en todos aquellos aspectos en que el proyecto debe ser corregido y que no son minucias, como la mantención de la gratuidad de la TV abierta, el acceso real de nuevos actores al espectro radioeléctrico y/o la duración de las concesiones televisivas.
La presión para que los senadores voten a la ligera se justifica argumentando que Chile estaría muy atrasado en el tránsito a la TV digital. Los parámetros para medir la dimensión del supuesto atraso resultan todo un misterio, no obstante salta a la vista quiénes serían los principales beneficiados a partir de una votación precipitada. En días previos al feriado de Semana Santa, la fuerte reacción de algunos senadores de oposición, entre quienes se cuentan Soledad Alvear, Ricardo Lagos Weber y Ximena Rincón, permite abrigar alguna esperanza sobre los próximos pasos del proceso casi secreto que es el tránsito de este país a la TDT. Sucede que si la repartija o regalo del espacio radioeléctrico sigue avanzando por la fast track que el Gobierno de Piñera ha despejado para los actuales operadores, no habrá dónde enterarse de debates como el de la comida chatarra, simplemente porque algunos podrían preferir que ciertos temas no trasciendan a la opinión pública. Por ejemplo, perderíamos la oportunidad de conocer opiniones sobre esa iniciativa que, entre otros puntos, propone etiquetar algunos productos aclarando su composición, cuestión de empezar a distinguir un repugnante conglomerado de sal y grasa de lo que sería un alimento.
En estos días, gracias a la TV abierta se supo que Jovino Novoa considera que algo así equivale a cercenar las libertades de la ciudadanía, tal como espetó a cámara sin sonrojarse“¿es que ahora nos van a prohibir a los chilenos comernos un asado?”. Caramba, Senador Novoa: no entendió nada. Cuando se distraiga durante los debates, intente seguirlos por el Canal del Senado, antes de que a algún compañero de bancada se le ocurra privatizarlo.
*Directora de Proyectos de la Fundación Friedrich Ebert en Chile
