El veto a Macari: la trama oculta del por qué la UDI solicitó su destitución de la dirección de La Nación en 2010

“No hay fuentes buenas o malas”, suelen decir los profesores que enseñan periodismo de investigación, sino trabajadores de la prensa que verifican la información que ellas entregan y que se diferencian de aquellos que no lo hacen.

Gema Bueno, a juzgar por las primeras impresiones, era la entrevistada perfecta. De lo contrario no se entiende que diversos medios, desde la alternativa Plan B, hasta el conservador canal 13, pasando por el irónico The Clinic, cayeran ante sus palabras y se dejaran seducir por sus afirmaciones. Ayudó, sin duda, que la testigo clave, como fue llamada, apareciera de la mano de un sacerdote y validada por una diputada del mismo sector de uno de los principales acusados, la Alianza por Chile.

Su testimonio, además, contó con el aval de profesionales de la mente. Dos sicólogas del Sename y una psiquiatra -la doctora María Luisa Cordero- diagnosticaron que la joven era creíble.

Un año después de su irrupción en el escenario, tras la entrevista publicada por el diario La Tercera (12 de agosto de 2004) en la que Gema Bueno confesó que todas sus acusaciones eran una gran mentira, lo escrito, hablado y difundido por los medios de comunicación, se volvió como un boomerang contra algunos que, sin dudarlo, brindaron espacios para que la entonces anónima «G» se transformara en la Ann Putmann chilena, esa niña de 12 años que, junto a las hermanas Parris, generó una caza de brujas en el Salem del siglo XVII, donde fueron ejecutados 7 hombres y 13 mujeres. Catorce años después de sus acusaciones, Putmann reconoció que había mentido. Acá no fue para tanto, pero se llegó a al límite.

Concluido el caso Spiniak, en su parte más polémica -a lo que al testimonio de Gema Bueno se refería-, curiosamente, la prensa vivió una suerte de reacomodo, financiero y profesional que, sin duda, permiten relacionarlos con los sucesos que tuvieron a Gema Bueno como protagonista.

PRIMERAS PALABRAS

Tras la detención de Spiniak, ocurrida a fines de septiembre de 2003, parecía que el caso se radicaba en la crónica roja y que, más allá de la personalidad del dueño del gimnasio más caro del país, nada haría que esa noticia saliera de la sección policial de los periódicos.

Un artículo publicado en Plan B, bajo la firma del periodista Víctor Gutiérrez y con el título “Las pervertidas fiestas de Claudio Spiniak”, sin embargo, desplazó el caso hasta el centro del campo político. En ese entonces, la revista fundada por el equipo que formó La Nación Domingo, tenía entre sus directores a Julio César Rodríguez y Alejandra Matus. Pero, según la última, cuando explotó el caso Spiniak, el ahora vetado Mirko Macari ya no estaba en el periódico. Pero sí lo había ayudado a fundar. También hacía la entrevista política del quincenario y tenía un correo electrónico con esa dirección.

Junto a un pormenorizado relato de lo que ocurría en la casa del empresario, que daba cuenta del acabado conocimiento que Gutiérrez tenía de los papers de la investigación, el periodista radicado en EEUU sostuvo que “lo que más preocupa al círculo de Claudio Spiniak son los otros adultos invitados a las orgías” y, además, aseguraba que «los menores hablan de un senador de la Alianza por Chile y ya entregaron su nombre a las autoridades”.

Después de esto, la bitácora de los medios funcionó como un reloj: ese mismo día 9 de octubre Claudia Fuentes, directora de la Fundación Arasi, fue a Chilevisión, canal en el que se desempeñaba Gutiérrez y, de hecho, ambos hablaron del reportaje que había escrito el periodista en Plan B. Si le dio o no nombres, aún es un misterio; sin embargo, se sabe que Fuentes, después del programa estelar, se comunicó telefónicamente con Pía Guzmán y con el diputado Patricio Walker, con quienes afinaba detalles del proyecto de Ley que aumentaría las penas a los que cometieran abusos contra menores.

Luego, Pía Guzmán, que tenía una entrevista concertada con el programa Buenos Días a Todos de TVN, se explayó a sus anchas en la mañana del viernes 10: «Hay antecedentes de que en el círculo íntimo de la red había políticos, dos de la alianza y uno de la DC. Esto está siendo investigado en la Justicia. Corresponde a ellos dar la última palabra».

Ese día, el «señor rumor» se tomó el país. Los nombres de Carlos Bombal y Jovino Novoa fueron conocidos por todos los que estaban viendo TVN esa noche y eran informados, en vivo, sobre el momento en que Pía Guzmán salía de declarar ante el juez. Un reportero de la radio Bío Bío le consultó a la parlamentaria al pasar y ella no se detuvo a responder y tampoco desmintió. Así, el caso Spiniak cobraba su primera víctima unas semanas más tarde: el periodista Mario Aguilera, editor nocturno del canal estatal. Para la UDI, Aguilera era uno de los hombres clave en los que ellos llaman el montaje.

Si Pía Guzmán había confiado en sus fuentes -ya sea en la directora de Arasi o en el periodista Gutiérrez-, durante esas primeras horas no lo diría claramente. Un antecedente, sin embargo, hacía que algunos pensaran en el periodista. Apenas tres meses antes de que explotara el caso Spiniak, Víctor Gutiérrez hizo público en el programa El Termómetro de Chilevisión un video en el que un grupo de delincuentes comunes decían haber trabajado en conjunto con la policía de Investigaciones para robar sedes de partidos de la oposición entre 1990 y 1996. Si bien el testimonio era anónimo, y mucho el tiempo transcurrido, la parlamentaria lo tomó como un caso personal y al día siguiente de la emisión anunció en conferencia de prensa que había pedido una audiencia al presidente de la Corte Suprema -en ese entonces Mario Garrido Montt-, para solicitarle que nombrara un ministro en visita para investigar la eventual «asociación ilícita» entre el director de Investigaciones, Nelson Mery, el ex informante del ministerio del Interior Lenin Guardia y la Dirección de Seguridad Pública (Dispi). Guzmán señaló que debido a que Nelson Mery «no tiene el sustento para seguir dirigiendo Investigaciones de Chile», solicitaba que al menos dejara su cargo en forma provisoria mientras se realizaba la investigación de los hechos. Para Pía Guzmán, entonces, Gutiérrez era creíble.

Según los informes de la UDI, tanto el periodista como Guzmán coincidían en algo: «La diputada, al igual que como lo hacía Gutiérrez en Plan B, aseveraba haber tenido acceso a los videos incautados por Carabineros de Chile en casa del empresario Spiniak», dice un informe reservado de la colectividad de Novoa. Y agrega: «Pía Guzmán en apariciones públicas reiteradas contribuía a propagar -y amplificar- la infamia elaborada y formulada por Gutiérrez y Plan B. La circunstancia que fuera una parlamentaria de la propia Alianza por Chile permitió reafirmar la `solidez’ del rumor». Para la UDI, entonces, se estaba ante la presencia de «acciones no casuales de diversas personas que, por distintos caminos, eran convergentes en denostar a senadores UDI y que motivó incluso a algunos a `fabricar pruebas’ incriminatorias con posterioridad a la publicación de los `supuestos hechos’ denunciados por Plan B o Pía Guzmán, para encontrar algún asidero a sus imputaciones». Un documento reservado de la tienda de Novoa así lo señala: «La maniobra era perfecta. Gutiérrez y Plan B habían difundido la noticia falsa: existía un senador de la Alianza en la red de Spiniak. La diputada Guzmán, tras oír según ella a la presidenta de la ONG Arasi, la había reproducido y amplificado dándole verosimilitud. Los diputados Girardi, Saa y Leal habían puesto en movimiento a periodistas de TVN, habían creado alarma pública con el incidente del confuso baleo, y validado el testimonio incriminatorio de L.Z. al amparar y `administrar’ al menor, proporcionándole incluso una fotografía del senador que debía identificar. TVN al emitir la pregunta del periodista de Radio Bío Bío había hecho públicos los presuntos nombres. Se habían montado dos videos, recogiendo el testimonio -aunque balbuceante e irresoluto- del mismo menor revelando el nombre de un senador de la Alianza. Ahora sólo restaba darlo a conocer». Esto último no ocurrió en Chilevisión porque, tras ver el video que grabó Víctor Gutiérrez en la Fundación Margen, la estación que dirigía Jaime de Aguirre decidió no dar el nombre que mencionaba el menor. El propio Fernando Paulsen, en su programa La Ultima Mirada, sostuvo que no se lo había publicitado porque el testigo no había sido claro, dudó respecto a la identidad de la persona e, incluso, buscó un papel en su pantalón, donde lo tenía anotado, cuando fue consultado por Gutiérrez.

La puesta en escena del video fue en el programa El Termómetro, donde confluyeron, ese día, dos panelistas ligados a Plan B, de los cuatro que suelen estar: el entonces director, Julio César Rodríguez y uno de los socios fundadores y columnista de la revista que ahora dirige Alejandra Matus, León Pascal. Sólo uno de los presentes (Francisco Martorell, director de El Periodista) cuestionó la validez del testimonio y le enrostró a Gutiérrez que con una fuente poco confiable no podía afirmar que había un senador de la Alianza comprometido en el escándalo Spiniak.

Tras ese día, el mismo en que Pablo Huneeus publicara en su página web lo que él llamó un secreto a voces: que los UDI eran Novoa y Bombal, se desmoronó el testigo que había mencionado al ex alcalde de Santiago y senador de la Alianza por Chile.

La UDI, que había iniciado una investigación paralela de los hechos, comenzó a filtrar sus logros a los medios cercanos. La Tercera, dirigida por Cristián Bofill y de propiedad del empresario pro-gremialismo, Alvaro Saieh, en cuyo directorio además figuraba Jovino Novoa, fue la recepción de sus informaciones. Así surgió, entonces, la relación familiar del periodista Gutiérrez con la generala de Carabineros Georgina Ayala, su cuñada, la que encabezaba las investigaciones del caso Spiniak. L. Z, según confió José Valdivia en esos días a El Periodista fue usado como carnada por Carabineros para llegar hasta la red de pederastas y, según supo la UDI, el menor dijo en TVN que Gutiérrez eran como un padrino para él porque siempre iba a la Fundación. Por eso el informe UDI sentencia: «La `carnada’ de Carabineros era controlada por el reportero que ahora se valía de su testimonio para respaldar su historia y validar la infamia». En la revista Plan B, sin embargo, por esos mismos días, sus dos directores -Rodríguez y Matus- decían que Gutiérrez había ofrecido la nota y que ellos, ante la falta de una portada mejor, publicaron el tema de las fiestas.

Tanto es así que, quince días más tarde, la nueva publicación borró con el codo lo que Gutiérrez había tecleado en el artículo de portada «Caso Spiniak: Bajo sospecha», ilustrado con una foto del senador Novoa. En éste se decía que nuevos testimonios complicaban a Jovino Novoa, los jóvenes prostituidos hablan del tío Ricardito -un poderoso empresario- y que Carlos Bombal estaba «descartado por ahora». La nota, firmada por Matus y Pablo Basadre, destacaba en cuatro páginas que «testimonios que han superado pruebas de `verificación de certeza’ apuntan al corazón de la Alianza por Chile y al centro del poder económico nacional» y aseguraba que «para andar sobre seguro el magistrado Daniel Calvo ha avanzado en la obtención de testimonios de jóvenes que nada tienen que ver con la organización Margen, a la cual pertenecía L.Z». Y en el cual, les faltó agregar, se había basado el reportaje de Víctor Gutiérrez en la edición anterior de Plan B y que había generado la incriminación pública de Carlos Bombal. «Sobre L.Z. -se publicaba en la revista- recae la sospecha de haber sido `digitado’ por altos funcionarios policiales, quienes estarían interesados en desviar la atención de la prensa y del juez». Meses más tarde, Guido Girardi diría a El Periodista que, quizá, la visita que le hizo el menor al Palacio Ariztía era una trampa. Es decir, tanto Girardi como Plan B, que cuestionaban las denuncias de montaje de la UDI, decían haber sido víctimas de uno. Para la UDI, que no cree en coincidencias, y menos en este caso, habría relación entre la ampliación de capital de la revista, ocurrida el 25 de septiembre, con la publicación referida. «Víctor Gutiérrez y Plan B -consigna el informe gremialista- eran un eje relevante sobre el que se construía esta parte de la maniobra». Tras el desmoronamiento de L.Z, surgió un nuevo testigo, quizá tan poco creíble como el anterior, pero que era necesario para los que se jugaron por que en el caso Spiniak había políticos: Gema Bueno. La UDI tiene su propia explicación. «Con todo, a esas alturas algo todavía no quedaba claro. Gutiérrez en Plan B escribía sobre un senador de la Alianza, pero Pía Guzmán hablaba de dos. Por lo que se sabe, la fabricación de los videos por parte de Gutiérrez, `usando’ al menor L.Z., buscaba inculpar a un determinado senador de la UDI; en tanto que Gutiérrez había expresado previamente al diputado Iván Paredes que el senador al que aludía era otro distinto del mencionado en los videos». De ahí que, según la UDI, el Plan B del 24 de octubre «volvía al objetivo inicial de Gutiérrez, luego del fracaso del montaje de los videos». Y, para afirmarlo, la tienda de Novoa recurre a un análisis de inteligencia: «ahora era posible advertir que el montaje de los videos, en lo que se refería a uno de los senadores de la UDI, respondía a lo que se puede denominar un `blanco de ocasión’. Obviamente, Gutiérrez y Plan B habían elaborado sus reportajes y guiado el rumor con el propósito de `asesinar’ la imagen del otro senador de la UDI. Pero no todo podía resultar a la perfección: Pía Guzmán, con su intervención en «Buenos Días a Todos», había apuntado los dardos derechamente contra dos senadores de la UDI, y no sólo a uno, en tanto que, como ahora quedaba en evidencia, Gutiérrez y Plan B habían orquestado la maniobra sólo respecto de uno». Es decir, para la tienda de Longueira, a “los complotadores” se les presentó la oportunidad y la aprovecharon.

Surgió Gema Bueno, con cautela primero, con fuerza después. Tanta, que no hubo medio independiente, salvo El Periodista y el diario electrónico El Mostrador, que no creyera a pie juntillas su testimonio. Canal 13 instaló la guinda en la torta cuando puso al aire a la joven semi escondida que, con voz decidida, dijo que estuvo secuestrada durante 9 meses en la casa de Spiniak y que un senador había abusado de ella. Se refería, sin duda, a Jovino Novoa. Si bien El Mercurio trató de deslegitimar sus palabras, antes de la emisión de canal 13, ello no impidió que la estación católica proyectara la grabación del periodista Arístides Progulakis. Quizá, en parte, porque el mismo El Mercurio le dio espacio al sacerdote José Luis Artiagoitía para que se refiriera al relato de su testigo. «Me hablaron de personas que permanecieron mucho tiempo en la casa de Spiniak. Hay el relato de otra persona que escapó de su casa escalando el cerro, siguió caminando por dos días hasta que llegó a la Estación Central. Había una Iglesia abierta. La niña entró y se quedó mirando al curita y le dijo por favor ayúdeme. Sólo dijo eso. Ella lo vivió hace años».

Lo que vino después es sabido. Jovino Novoa comienza a llenar portadas y no sólo la de Plan B, siendo La Tercera el diario que concentra los descargos de la UDI, tergiversando a ratos su información, como ocurrió con el diario de vida de la joven, para ayudar a la tienda de Novoa. El mismo Siete+7, que luego se asoció con la empresa de Alvaro Saieh, publicó una entrevista a Bueno, en la misma edición (20 de mayo de 2004) donde se informa sobre la nominación de Novoa como presidente de la UDI. ¿El título? «Gema Bueno: dejé mi testamento escrito antes de irme al hospital». El autor es Mario Aguilera y en la nota la testigo clave desmiente que haya cambiado su versión judicial donde acusa a Novoa. Un mes antes, la periodista Daniela Mohor, también en la revista Siete+7, entrevista a un joven de la calle, de iniciales C.A. que nombra a Nelson Avila como el tío Ricardito. Y sobre Gema Bueno, en la edición del 16 de abril, la directora de la publicación, Mónica González, en una sola página dice que las dos pericias que hizo el SML a Jovino Novoa resultaron positivas y que, además, «habría testigos, mujeres, que ahora sí estarían dispuestas a declarar avalando en parte los dichos de Gema». El Siete+7, con las informaciones del caso respecto a Nelson Avila, desató las iras del senador quien se querelló ante los tribunales de Justicia -la única acción judicial que ha interpuesto el parlamentario ex PPD. Tenía que llegar agosto y dos publicaciones, una en La Tercera y otra en The Clinic, para que Gema Bueno reconociera que sus acusaciones no eran verdaderas. Ello abrió un nuevo escenario, que tuvo a la UDI durante muchos meses a la caza de los que, según ellos, habrían inducido a la joven a actuar.

El veto a Macari, realizado hoy, muestra que estos hechos no están olvidados.