El día en que el Estado de Chile salvó de la quiebra segura a los diarios El Mercurio y La Tercera

Corrupción de Cuello y Corbata

En el curso del proceso, los funcionarios del Banco que actuaron como parte querellante se esmeraron en demostrar el perjuicio patrimonial para el banco, y enumerar las numerosas irregularidades que jalonaron la compleja urdidumbre.

El texto de la querella de Andrés Sanfuentes, señala: «el daño patrimonial se produce por diversos efectos. Pérdidas por el efecto del menor valor económico que se le asignó a los créditos cedidos y por otro lado, el mayor valor que se le atribuyó a los créditos adquiridos, todo lo cual se evalúa en 1 millón 200 mil UF, 24 millones de dólares, el 8% del capital y reservas del banco. Por otra parte, el Banco debe destinar un mayor monto de posiciones por riesgos de colocación en el equivalente de 994 mil UF, aproximadamente 20 millones de dólares, 70% de la utilidad del banco durante 1989. El propósito manifiesto de las permutas de crédito fue eliminar al BECh como acreedor de las empresas El Mercurio y Copesa. Así el Banco cedió numerosas y cuantiosas acreencias, a cambio de una serie de créditos, a los que se le asignó falsamente un valor equivalente».

A su turno, el informe de Gastón Elsholz, inspector de Contraloría del BECh, consignó las siguientes irregularidades: «El proceso de permutas se realizó con gran apresuramiento, lo que se ve reflejado en la seria carencia de antecedentes respecto de los créditos recibidos por el BECh. (…) La evaluación de los créditos que se recibieron no fue la más adecuada (…) no se usaron criterios de sana práctica bancaria (…) En general se trata de operaciones a cargo de empresas deudoras en que sus obligaciones originales, pactadas en UF, fueron transformadas en pesos mediante modificaciones a los respectivos títulos efectuadas en fechas previas a las permutas, renovaciones que en muchos casos adolecen de deficiencias. En la actualidad un número importante de estas obligaciones se encuentran vencidas, tanto en su capital como intereses. (…) La totalidad de los créditos cedidos por el Banco se encontraban amparados con garantías reales, pero el Banco recibió obligaciones con cauciones diferentes de las entregadas, en que el 40,75% están sin garantía especial (…) La totalidad de las obligaciones cedidas por el Banco estaban pactadas en UF, en cambio, se recibieron operaciones en moneda nacional, sin reajustabilidad y varias sin pago de intereses (…) El análisis de las permutas permite apreciar que en muchos casos se asignaron valores con el sólo propósito de encuadrar los valores a permutar (…) Los créditos cedidos por las instituciones financieras correspondían a obligaciones de deudores con serios problemas económicos financieros, que se venían reflejando desde mucho tiempo, transformándose en una situación inmanejable para los acreedores. Sin embargo, previo a la materialización de las permutas gran parte de los créditos fueron renovados y/o modificados en condiciones favorables para los deudores por los nuevos plazos que se concedieron, el cambio de operaciones reajustables a no reajustables, facilidades en el pago de intereses a tasas bajo lo normal del mercado e incluso sin pago de ellos».

Dicho informe sintetiza el meollo del asunto. Mientras el BECh cedió créditos de El Mercurio y Copesa por un monto de 3 millones 244 mil 305 UF, equivalentes a 21 mil 500 millones de pesos, los que estaban debidamente garantizados, se obligó a recibir créditos de 38 empresas y personas por un valor nominal de 3 millones 314 mil UF, es decir, 22 mil millones de pesos, lo que constituyó una flagrante adulteración toda vez que se trataba de créditos castigados, muchos de ellos incobrables, varios sin garantías y en todo caso maquillados por reprogramaciones de los bancos cedentes, efectuadas poco antes de la celebración de las permutas.

A modo de ejemplo, el Banco del Estado recibió un crédito de la Empresa Nelaco S.A, por un valor de 671 mil 178 UF. A pesar de tratarse de una empresa quebrada y sin actividad desde 1985, su deuda fue reprogramada a pesos (3 mil 575 millones 335 mil pesos), sin reajustes ni intereses y con vencimiento a agosto de 2016.

Otro caso notable es el de los créditos recibidos de Inversiones Cono Sur e Inversiones San Manuel, sociedades de inversión propiedad de, entre otros, José Bordá y Tomás García, presidente y vicepresidente del Banco Sudamericano, entidad participante en las permutas. Junto con aprovechar la oportunidad para desconcentrar su cartera relacionada, le endosaron al Banco del Estado la bonita suma de 308 mil 970 UF.

El caso de Arrocera y Granos de Chile linda con lo grotesco. El BECh recibió seis créditos de esta empresa quebrada, por un total de 81 mil 212 UF, hipotéticamente garantizados con warrants de varias toneladas de arroz en la empresa almacenadora Argasa. Sin embargo, a la hora de realizar las prendas, del bendito arroz nunca se tuvo noticia.

En esta intrincada sinfonía de maniobras financieras, el sector privado ganó por paliza. Junto con disminuir sus acreencias hasta niveles irrisorios, El Mercurio y Copesa quedaron a salvo de la temida capitalización «estatizante» del Banco del Estado bajo una nueva administración. Los bancos privados participantes de las permutas obtuvieron variados beneficios. Por de pronto, se desprendieron de deudores morosos y de créditos irrecuperables de empresas quebradas. A cambio, recibieron créditos debidamente caucionados de El Mercurio y Copesa, que si bien aparecían sustancialmente reducidos respecto de sus montos originales, por lo mismo no presentaron dificultades a la hora de ser cobrados. Y la constelación de 38 empresas y personas naturales cuyos créditos fueron transferidos al BECh, se beneficiaron de ventajosas reprogramaciones destinadas a hacer presentables las permutas.