El día en que el Estado de Chile salvó de la quiebra segura a los diarios El Mercurio y La Tercera

(Por Francisco Herreros) Hoy, al igual que la Derecha hace 20 años, en la Concertación están preocupados por el nuevo escenario mediático que, sin La Nación y TVN, deja a la futura oposición casi muda en el escenario político. Antes de entregar el Gobierno, sin embargo, las autoridades militares se las ingeniaron para salvar a El Mercurio y La Tercera. Permutas de crédito que le ocasionaron pérdidas por 25 millones de dólares al Banco del Estado. Escandalosos convenios de reprogramación que rebajaron las deudas de las dos cadenas periodísticas monopólicas hasta un tercio de su valor. Millonarios canjes de deuda por avisos publicitarios. Una historia que sólo puedes leer en El Periodista.

La escasamente difundida operación de salvataje de la quiebra y rescate de su cuantiosa deuda con el Banco del Estado, que tenían La Tercera y El Mercurio en 1990, se inscribe entre las últimas maniobras de la dictadura antes de entregar el poder. Contiene, además, todos y cada uno de los elementos que configuran corrupción de alto coturno. Por de pronto, estuvo la configuración del delito de fraude al fisco, por el cual el juez del Quinto Juzgado del Crimen, Alejandro Solís, sometió a proceso a la plana mayor del Banco, encabezada a la sazón por su presidente, Alvaro Bardón, en la causa rol N° 133.428-6, en noviembre de 1991. El controvertido fallo de la Cuarta Sala de la Corte Suprema que lo exoneró de cargos correspondió en rigor a uno de los denominados supremazos, orientados más a garantizar la impunidad de los altos funcionarios de la dictadura sobre distintos tipos de trapisonadas, que a impartir justicia.

Enseguida, destaca la estrecha colusión de intereses entre lo público y lo privado. Antes de ocupar la presidencia del Banco del Estado, Alvaro Bardón se desempeñaba como miembro del Consejo Editorial de El Mercurio, posición a la que retornó inmediatamente después de resolverle el problema de su deuda. Asistente directo de Agustín Edwards en la compleja trama de negociaciones que lo salvaron de la quiebra, fue el ex-Ministro de Hacienda de la dictadura, Sergio de Castro Spikula. Un curioso protagonismo tuvieron los socios de la Consultora Gémines. A ella pertenecíeron el propio Bardón y Andrés Passicot, vicepresidente del Bando del Estado durante la reprogramación de deudas de El Mercurio. A ella pertenecieron también Juan Villarzú, quién ideó el refinado mecanismo de permutas de deudas y Andrés Sanfuentes, presidente del Banco en noviembre de 1990, cuando se entabló la querella criminal.

Luego, cabe consignar el daño al patrimonio del Banco del Estado. Según la querella interpuesta por Sanfuentes, éste alcanzó a 25 millones de dólares, equivalentes al 70% de la utilidad del Banco en el balance de 1989, y al 8% de la totalidad de su capital y reservas. Esa cifra representa una cuarta parte de las pérdidas ocasionadas por Inverlink a la Corfo, casi 70 veces el monto de los sobresueldos imputados a Gate y más de 900 veces el monto de las coimas atribuidas a los desaforados diputados concertacionistas.

Por último, está el tema de la iniquidad, la discriminación y la desigualdad de oportunidades. A los combativos medios de comunicación opositores a la dictadura, los sucesivos gobiernos de la Concertación los privaron del crédito y la publicidad estatal, y con ello los condenaron a morir de inanición, con el argumento de que no habían sabido adaptarse a la competencia en el marco de una economía de mercado. De hecho, con motivo del cierre del diario La Epoca, el 30 de agosto de 1998, El Mercurio publicó en su página editorial: «Tampoco corresponde que el Estado desplegara recursos para asegurar su funcionamiento, tal como lo requirieron sectores políticos y de profesionales de la información, pues ello habría derivado inevitablemente en desaconsejables intervencionismos oficialistas».

El proceso 133.428-6 demuestra fuera de toda duda que al momento del cambio de régimen, las empresas periodísticas El Mercurio y Copesa estaban técnicamente quebradas, que fueron favorecidas por una compleja y refinada serie de operaciones del Banco del Estado orientadas a extinguir su deuda, y que sin ese gran perdonazo, que tuvo severo compromiso del patrimonio público, no hubieran logrado sobrevivir en las actuales condiciones de propiedad, ni, desde luego, emitir sus severos anatemas contra la corrupción. De paso, queda refrendado el principio neoliberal de que mientras las ganancias son privadas, las pérdidas son frecuentemente endosadas al sector público.