Crimen y castigo

Escribe Eugenio González

“El rechazo a la solicitud de provisión del medicamento Sustent implica una decisión arbitraria que amenaza el derecho a la vida”

La emblemática y siempre bien ponderada y además recurrente en periodos electorales señora Juanita, que representa a la persona común, cambió bruscamente de nombre, ahora se llama Virginia y está enferma de cáncer renal con metástasis.

Recurrió de protección en contra del Hospital San Juan de Dios, acción acogida por la Corte de Apelaciones de Santiago, porque la privaron del derecho al tratamiento médico para su enfermedad, particularmente la posibilidad de acceder al fármaco Sustent, que le fuera indicado por los médicos y por el comité oncológico del centro público, procedimiento que no puede pagar porque su costo asciende a 4 millones de pesos la dosis, haciendo un total de 30 millones.

Virginia es pensionada y recibe una renta de solo 140 mil pesos. Es uno de los casi 11 millones de chilenos que están en Fonasa.

El rechazo a la solicitud de provisión del medicamento Sustent implica una decisión arbitraria que amenaza el derecho a la vida. Es bueno recordar que la protección de la salud es una garantía constitucional que, además del artículo 19 N° 9 de la Carta Magna, se encuentra regulada en la Ley 18.469 que crea un Régimen de Prestación de Salud. Dicho cuerpo legal, en su artículo N° 8, señala que los beneficiarios tienen derecho a diversas prestaciones, entre las que se encuentra la asistencia médica curativa que incluye medicamentos y demás atenciones y acciones de salud. El artículo 1° inciso 3° de la Constitución, además, establece que el Estado está al servicio de la persona humana y debe respetar los derechos y garantías que ella establece, entre las que se encuentra el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la igualdad ante la Ley y a la protección de la salud, consagradas en el artículo 19 N°s 1, 2 y 9.

La Corte de Apelaciones de Santiago el pasado 10 de noviembre acogió el Recurso en contra de la Autoridad Sanitaria, estimando “que se vulnera el derecho a la vida de la recurrente doña Virginia, protegido constitucionalmente”. Este fallo fue apelado ante la Corte Suprema por el Hospital, el Servicio de Salud Occidente del cual depende y se hizo parte el Ministerio de Salud, representado por el Consejo de Defensa del Estado, solicitando la revocación del fallo y dejando, automáticamente, suspendida la obligación de entrega del tratamiento médico prescrito.

La Tercera Sala de la Corte Suprema escuchó los alegatos de las partes el 26 de noviembre, dejó la causa en acuerdo y ofició al Servicio Oncológico de la Universidad de Chile para que, en un plazo no mayor de tres días, evacuara un informe sobre las características del fármaco y los efectos que éste puede producir sobre las personas y en particular sobre la señora Virginia; también ofició al Ministro de Salud para que explique en un plazo igual al anterior los argumentos de su repartición para apelar el fallo.

El máximo tribunal del país, antes de fallar en forma definitiva, procura tener a la vista todos los elementos que le permitan llegar a la convicción que lo que ahí se determine será lo que la sociedad pueda comprender.

No es primera vez que el máximo Tribunal se ve enfrentado a tomar decisiones que los legisladores han sido incapaces de solucionar: el 28 de diciembre de 1987, en pleno régimen militar, el ministro de Salud de la época, Juan Yaconni, vivió una situación similar donde las Asociaciones de Derechos Humanos apoyaron a un paciente que necesitaba con urgencia ser dializado; en esa oportunidad la Corte de Apelaciones acogió la protección y luego ésta fue revocada en la Corte Suprema. Ojalá la historia no vuelva a repetirse.

Se puede concluir claramente que la sociedad chilena tiene distintas visiones sobre esta temática, han pasado 22 años del caso en cuestión y nada ha cambiado, el actuar del ministro de Salud de la época del gobierno militar no difiere con la forma en que hoy responde la autoridad, claro que la gravedad y contradicción del asunto es que actualmente el ministerio está encabezado por un militante socialista, con una Presidenta del mismo partido, dentro de un gobierno democráticamente elegido.

Los médicos están obligados por el juramento de Hipócrates y no tienen otra alternativa que estar siempre por la defensa de la vida frente a cualquier situación que se presente y en ningún caso empujar a todo el aparato estatal en contra de una persona, como ocurre en este caso, enferma y con escasos ingresos.

Muchas voces dirán que el Estado no puede resolver la totalidad de los problemas que aquejan a la ciudadanía y argumentarán, además, que si ello ocurriera no habría recursos para enfrentarlos; sin embargo, cuando vemos que se dilapidan las arcas fiscales en escándalos de administración, existe el legítimo derecho a pensar que recursos hay, pero lo que no existe es claridad y prioridad en las políticas públicas.

Estamos todos a la espera de este fallo emblemático, donde la clase política ha guardado silencio, salvo el senador Guido Girardi, mientras los jefes de los Partidos Políticos continúan entregando dineros para las campañas que culminan el trece de diciembre. Cuando los lectores de esta revista, que en este número está llegando a los ocho años de vida independiente, lean este artículo, es posible que la Tercera Sala del Supremo Tribunal haya fallado, pero el verdadero veredicto lo recibirán de las urnas aquellos que, en casos como éste, no han estado a la altura de lo que la sociedad les exige.