Entre (Viera) Gallos y medianoche

Escribe Eugenio González

“Aprovechando que Girardi y Navarro estaba fuera de Chile, el Ejecutivo apuró la votación de llamada Ley de Medio Ambiente y restó indicaciones fundamentales y necesarias para su funcionamiento”

Finalmente se aprobó la ley que crea el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia Ambiental y el Servicio de Evaluación Ambiental. La Ley creó también el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas junto al Tribunal Ambiental, este último estará integrado por 5 miembros, uno nombrado por la Corte Suprema y los 4 restantes por el Sistema de Alta Dirección Pública (2 abogados y 2 técnicos en economía).

El proyecto ingresó a comienzos del 2008, con una tramitación normal: se escucharon las voces de ecologistas, mundo académico, sectores empresariales y otros afines, pasó todos los escollos, pero quedó cojo, cuando la cámara no dio el quórum para aprobar el órgano encargado de calificar los proyectos de inversión sometidos al Sistema de Evaluación Ambiental.

Luego de finalizada la etapa antes señalada pasó al Senado, que analizó el proyecto en la Comisión de Medio Ambiente presidida por el senador Pablo Longueira e integrada además por Andrés Allamand, Antonio Horvath, Alejandro Navarro y Nelson Ávila. Éste último al darse cuenta de lo complejo de la materia se declaró interdicto y permitió el ingreso en su lugar a Guido Girardi.

La Comisión abrió un plazo de recepción de indicaciones, recepcionando más de mil 300 (entre septiembre y octubre de 2009) transformándose en uno de los proyectos con mayor cantidad de ellas en la historia legislativa del país.

Para consensuar esta compleja materia se llegó a un acuerdo político entre el ejecutivo (ministra de Medio Ambiente) y la derecha política que era mayoría en la Comisión y, en un afán de protagonismo, participaron representantes de los Partidos Políticos de la Concertación, como los senadores Soledad Alvear y Juan Pablo Letelier, con la asistencia además del ministro de Hacienda para darle una mayor solemnidad al acuerdo, en virtud del cual se renuncia a la discusión, por consiguiente se produce el retiro de mil 100 indicaciones .

El esfuerzo de meses de trabajo se lo llevó el viento, sólo fueron excluidas de la eliminación las que no formaron parte del acuerdo espurio, a la sazón las doscientas indicaciones de los senadores Girardi y Navarro.

El retiro fue a cambio de darle una tramitación rápida al proyecto para sacar la Ley en el actual período, objetivo de los ministros Viera-Gallo y Uriarte, con la incorporación también de mejoras en el ámbito de interés de los senadores firmantes; por ejemplo, la derecha política propició la creación de un tribunal ambiental como contraparte a las potestades que podría tener la superintendencia de medio ambiente, comprometió la creación del Servicio de Biodiversidad y áreas protegidas (ideas del senador Horvath fundamentalmente) que van a administrar los parques, reservas ecológicas, santuarios, etc.

Todas las normas sustantivas importantes fueron retiradas a cambio de la institucionalidad (Ministerio, Superintendencia, creación de servicios) mediante un procedimiento ad hoc, tipo fast track, en el que el Ejecutivo colocó discusión inmediata al proyecto y obligó a la Comisión de Medioambiente a discutir y votar el paquete íntegro del proyecto, más las indicaciones que sobrevivieron (Girardi y Navarro) en una sesión maratónica que se inició al medio día y terminó a las siete de la mañana del día siguiente, en la cual se rechazaron todas las indicaciones por 3 votos a 2. Longueira, Horvath, Allamand contra Girardi y Navarro. Se aprobó íntegramente el paquete del ejecutivo sin análisis de fondo, de acuerdo al pacto político antes señalado. Por ejemplo para graficar esta “maravilla” de Ley, si una industria hoy es fuertemente multada debe pagar inmediatamente como requisito de admisibilidad ante la autoridad competente, en el futuro las sanciones gozarán de una serie de franquicias (autodenuncias, rebajas) y no constituirá prerrequisitos el pago para ir al ámbito de una revisión judicial, dilatando en distintas instancias la sanción hasta por 8 años más menos. Este largo y tedioso desarrollo de los procedimientos aplicados para la aprobación de esta Ley, son fundamentales para entender la colusión de intereses en torno a la tal vez más importante Ley de la República en los últimos 40 años, luego de la nacionalización del cobre en 1971.

Es vergonzoso constatar como en un plazo tan breve se puede aprobar sin un análisis profundo una Ley que está llamada a ser base fundamental de la calidad de vida que le vamos a heredar a las próximas generaciones.

Hoy, cuando pretendemos calificar en estándares internacionales en relación con los niveles contaminantes que Chile aporta al cambio climático, la falta de rigor y método en el Congreso no estuvieron a la altura de un país que pretende ser desarrollado en el marco del bicentenario y confirma, además, la poca claridad, transparencia y seriedad de nuestra clase política.

Las practicas maquiavélicas de desechar las demandas de senadores que debían ausentarse del país, caso Girardi-Navarro, no fueron escuchadas en el sentido de aplazar la votación en el Senado.

Así y todo, no se puede soslayar el error de los legisladores antes mencionados que, en una mezcla de ingenuidad y falta de responsabilidad política, creyeron que la autoridad cumpliría su compromiso de no legislar a sus espaldas. También se puede especular que el viaje al Asia (China y Corea entre otros países) en el avión presidencial tenía otro propósito cuya conclusión es obvia.