El país de los ciegos
Escribe Francisco Chahuán
El último Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI), ubicó a Chile en el lugar número 25 entre 180 naciones del mundo y con nota 6.7, en una escala que va del cero a 10, con cero indicando altos niveles y 10 bajos niveles. También nos situó a la cabeza de los países latinoamericanos, empatados con Uruguay.
Si bien en el concierto general las cifras pueden resultar positivas, hay que evitar la autocomplacencia, considerando que ésta es nuestra tercera baja consecutiva en el ranking y que, cuando de corrupción se trata, estamos hablando de un tema serio, de raíces profundas y difícil solución.
Lo cierto es que, aun cuando nos destaquen como líderes en este sector del planeta, la propia ONG a cargo del estudio ha afirmado que la corrupción se encuentra “gravemente extendida” en la mayor parte de nuestro continente y lo atribuye a la existencia de instituciones débiles, prácticas de gobernabilidad deficientes e injerencia excesiva de intereses privados.
El Artículo 8° de nuestra Constitución Política establece que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. El mandato es destacable, considerando que la Real Academia Española de la Lengua homologa la “probidad” a la “honradez”. Ergo, el principio de probidad administrativa consiste en “observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”.
Cuando el comportamiento se aleja de aquellas virtudes y se conjuga con escaso acceso a la información se van generando las condiciones óptimas para la corrupción y el terreno fértil para todo lo que trae consigo, que es un atentado contra las democracias.
Aunque algunos se muestren satisfechos por el informe de TI, creo que éste constituye una voz de alerta. Es tentador compararse con países de conocida trayectoria de corrupción para sentirnos excelentes, pero trae a la memoria el refrán del tuerto que es rey en el país de los ciegos.
Hay que modernizar la institucionalidad en este sentido y acelerar las acciones en el ámbito legislativo, acompañándolas de señales decididas de parte de todos los actores involucrados.
La autocomplacencia del Gobierno para interpretar las cifras y el conformismo no son buenas compañeras cuando de lo que se trata es de fomentar la probidad y todas sus bondades. Mirar el vaso medio lleno no siempre es adecuado, menos cuando lo que está en juego es la credibilidad de nuestras instituciones, la confianza de la ciudadanía, la salud de nuestra democracia y, en definitiva, el país.
