Integración
Escribe Francisco Chahuán
Diputado
En diciembre del año pasado, fuimos sorprendidos por el llamativo caso de una joven no vidente a la que se le impidió rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU), dada la inexistencia de un examen adaptado a sus necesidades.
Si ya entonces fue causa de asombro –dado su buen rendimiento en el colegio y por suceder en un país que se jacta de su espíritu integrador– recientemente nos hemos visto sorprendidos por un nuevo caso, de similares características.
Tan grave como la negación del derecho de ambas a estudiar, es la probabilidad cierta de que los afectados por esta discriminación sean muchísimos más y que el Ministerio de Educación nunca haya mostrado voluntad de corregir la injusticia que nace en el seno de un sistema precario y excluyente.
Si bien hoy sí existen vías para que personas ciegas accedan a las Universidades –la modalidad de ingreso especial, con cupos acotados– lo cierto es que esa sola denominación, de alguna manera, afecta al concepto de integración propiamente tal.
El tema de fondo, en definitiva, es cómo en Chile a estas alturas del siglo XXI, si ya existen billetes adaptados para la población no vidente, no se disponga de una prueba que permita a todos medirse con la misma vara para ejercer el derecho constitucional a la Educación.
Según el Primer Estudio Nacional de la Discapacidad, publicado en 2004 por el Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS), sólo la mitad de las personas censadas ha completado la educación básica y menos del 3% ha terminado sus estudios superiores.
Más allá de los cambios requeridos para facilitar la vida al interior de las Universidades de las personas ciegas o con discapacidad visual, hoy sí se pueden adoptar medidas concretas para integrarlas. Una de ella es que la Universidad de Chile disponga un formulario en sistema Braille para todos aquellos que lo requieran a la hora de someterse a la PSU.
Existe tecnología para elaborar un catastro que precise los requerimientos en este sentido y, si resulta posible contar con plantillas en Braille para los comicios electorales, es plenamente factible elaborar formularios adecuados para los postulantes que deseen rendir dicha prueba.
Esta carencia constituye una abierta discriminación y vulnera, tanto el principio de igualdad que consagra nuestra Constitución, como la Ley Nº 19.284, que contiene normas para la plena integración social de las personas discapacitadas.
Por esta razón y considerando que los órganos estatales deben cumplir fielmente con estas disposiciones, es que resulta inaceptable que el Ministerio de Educación siga postergando la implementación de un sistema de medición de conocimientos, de carácter alternativo a la PSU, para que pueda ser aplicado a los postulantes con este tipo de limitante. Esto no va a solucionar el problema de la falta de integración, pero sí contribuirá a dar un paso más en un camino que a menudo parece demasiado largo y complejo.
