En Lo Aguirre también murieron civiles

En abril de este año, El Periodista publicó en exclusiva el caso de dos conscriptos que, durante 1989, realizaron el Servicio Militar en el Centro Nuclear de Lo Aguirre, y que fallecieron extrañamente de leucemia. La denuncia, obligó tanto al Gobierno como al Ejército a investigar el caso y tratar de descartar la radiación como causa de las muertes. Ahora, un documento solicitado por la Cámara de Diputados, revela que no fueron sólo conscriptos los que fallecieron víctimas de cáncer, sino que también funcionarios civiles, y la radiación como causa principal aún no se descarta. Se espera que una comisión especial investigue el caso.

«Temo que haya más casos». Esa fue la frase sentenciada por el diputado PS, y presidente de la Comisión de Defensa, Iván Paredes, en un reportaje exclusivo publicado por El Periodista, que daba a conocer las extrañas muertes de dos conscriptos que realizando el Servicio Militar Obligatorio en el Centro de Estudios Nucleares de Lo Aguirre, durante 1989, fallecieron de leucemia, al parecer, producto de radiación. Y el parlamentario tenía sus razones.

Un documento solicitado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara a la Comisión Chilena de Estudios Nucleares (CChen), reveló que además de los ex conscriptos que fueron afectados por el cáncer, existen otros funcionarios, esta vez civiles, que contrajeron el mal y que trabajan en los Centros Nucleares de Lo Aguirre y La Reina.

Se trata de seis funcionarios que, según consta en el oficio firmado por el Director Ejecutivo de la CChen, Luis Frangini Norris, trabajaron en los centros de dicho organismo y que la causa del fallecimiento fue algún tipo de cáncer. La mayoría se desempeñaba en Lo Aguirre.

Con estos antecedentes en mano, el diputado Paredes expuso la situación el pasado miércoles ante la Comisión de DDHH, obteniendo como resultado la aprobación unánime de los parlamentarios para solicitar a la Sala la creación de una comisión especial investigadora, debido a la gravedad de los hechos. Dicha comisión se conformaría al interior de la de DDHH, presidida por el diputado Sergio Ojeda.

Para el diputado Paredes la certificación de la muerte de estos funcionarios contradice absolutamente lo que distintas autoridades, tanto de los ministerios de Defensa y de Minería, así como de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, afirmaron en la comisión de Defensa, como una cuestión a analizar el hecho de que siempre los que habían muerto eran de la periferia al recinto (conscriptos) y no funcionarios de planta de las centrales de estudios nucleares. Nunca se reconoció que, en estas fechas, también murieron de cáncer personal civil de la CCHEN, dijo Paredes a El Periodista.

Con esta situación se vuelven a activar las alarmas sobre los posibles afectados por la radiación de los centros nucleares. Ya no son sólo soldados – a los que el Ministerio de Defensa se comprometió a buscar los posibles afectados, sino que ahora el número de víctimas podría aumentar significativamente considerando a los civiles que han trabajado tanto en Lo Aguirre como en La Reina.

Los conscriptos

En abril de este año, en su edición Nº168, El Periodista publicó en exclusiva las extrañas muertes de Guillermo Cofré López y Luis Gómez Naranjo, dos jóvenes conscriptos, que durante el año 1989, realizaron el Servicio Militar Obligatorio en la Central de Estudios Nucleares de Lo Aguirre, y que fallecieron de leucemia, presuntamente causada por la radiación.

Cofré, quien a finales de los 80 cumplió con el llamado militar, aspiraba ansiosamente seguir la carrera uniformada. Intención que nunca declinó, a pesar de las brutales golpizas que recibió mientras realizaba el servicio.

Según relata el texto, «todo empezó el día que desaparecieron tres pistolas de la armería y que llegaron civiles desde Santiago (posiblemente de la CNI) para investigar el hecho». De ahí en adelante, los más de 60 conscriptos que se encontraban en Lo Aguirre fueron víctimas de interrogatorios, que incluían golpes y patadas, envueltos en frazadas para pegarles sin dejar rastros, torturas con corriente eléctrica o, simplemente, les metían la cabeza en la taza de WC llena de excrementos.

Pero a Cofré la serie de malos ratos no lo hizo desistir de su intención de seguir al interior del Ejército, y no le daba importancia a hechos como llegar a su casa en sus días libres con su ropa salpicada «como con ácido», según recordó su padre Guillermo.

Fue una fuerte e imprevista hemorragia nasal, en mayo del 89, lo que alertó a sus compañeros del recinto a avisar a los superiores, y que derivó en que Cofré fuera atendido en la enfermería del regimiento, para posteriormente, debido a su gravedad, ser trasladado al Hospital Militar. Ahí, estuvo hospitalizado durante ocho meses, acompañado de sus padres, quienes viajaron desde Curicó para atenderlo hasta el 31 de diciembre de 1989, cuando Guillermo Arturo Cofré finalmente murió.

Mediante un oficio emitido por el Ejército de Chile, con fecha de 6 de enero de 2009 y firmado por el Comandante en Jefe, general Oscar Izurieta Ferrer, dicha institución descartó la directa relación entre la muerte de Cofré y sus labores de guardia en una central nuclear. «No existen antecedentes que permitan sostener que la enfermedad – que en definitiva costara la vida al ex. Slc. Cofré – estuviera relacionada con algún accidente ocurrido durante su permanencia en el Centro de Estudios Nucleares de Lo Aguirre», sostiene el documento oficial. Sin embargo, Cofré López fue enterrado con honores en el mausoleo militar de Curicó y el Ejército corrió con los gastos que ocasionó la enfermedad e, incluso, le otorgó los 217 mil 40 pesos del Seguro de Vida Colectivo a la madre.

Caso similar ocurrió con el conscripto Luis Ramón Gómez Naranjo, quien falleció con una diferencia de meses con Cofré, víctima de una hemorragia intracerebral, en agosto de 1990.

El médico tanatólogo Luis Ravanal explicó a El Periodista que la situación amerita una investigación porque la radiación, de acuerdo al grado de cercanía que tuvieron los que se expusieron a ella, podría generar hasta décadas de diferencia en la aparición de los síntomas.

Actualmente, existe un tercer conscripto de la misma promoción esperando por un trasplante de médula a raíz de una leucemia, y otros cuatro con problemas similares.

En la reunión que sostuvo la Comisión de Defensa, presidida por el diputado Paredes, con los representantes del Ejecutivo y con la gente de la Cchen, para clarificar la muerte de estos jóvenes, las declaraciones fueron similares a las entregadas por el Ejército. En esa ocasión, la subsecretaria de minería, Verónica Baraona, expresó la disposición para entregar los antecedentes necesarios para una investigación, «a pesar de que los conscriptos hacían una guardia perimetral en el lugar, por lo que no tienen ninguna posibilidad de estar expuestos a radiación».

El parlamentario, recordó que hicieron una reflexión en voz alta, argumentando que mucha gente pasó por ahí «cerca de 5 mil» y que nadie había sido afectado, deslizando la posibilidad de que los conscriptos de Curicó podían haberse irradiado en el campo, supuestamente por los pesticidas que se usaban en las plantaciones. Otra cosa que menciona Paredes es que los citados a dicha comisión parlamentaria, entre ellos el Director Ejecutivo de la CChen, Luis Frangini,, aseguraron que las plantas de Lo Aguirre y La Reina tenían estándares de seguridad altísimos, similar a la de países desarrollados. «Ellos nos ocultaron información» sintetiza Paredes. Por eso adelantó que pedirá a la comisión de Derechos Humanos para que cite nuevamente a los funcionarios de la CChen, de Minería y Defensa «con el objeto que aclaren por qué no entregaron en su oportunidad los nombres de estas seis personas que murieron dentro de los márgenes que estamos investigando y cuatro de ellas en Lo Aguirre, lugar donde supuestamente nunca ha funcionado el reactor y donde estuvo la mayoría de los conscriptos afectados a fines de los 80».

Los civiles

Es coincidentemente a fines de los 80 que se registra la primera muerte, a causa de cáncer, de uno los funcionarios civiles que se desempeñaban en Lo Aguirre. Rosa Vásquez Correa, quien según el documento emitido por la CChen, falleció en marzo de 1990, producto de una mieloma múltiple a los 40 años. A Vásquez le sigue, el licenciado en química de la Universidad Católica de Valparaíso, Víctor Cassorla Franco, quien víctima de un paro cardiorespiratorio y cáncer al colon, murió en agosto del 97. Cassorla, quien se especializó en química analítica y que figura con un proyecto aprobado por el Conicyt, durante 1995, cumplía funciones en el Centro Nuclear de La Reina. De la misma manera, Carlos Infante Barros, aparece con proyectos aprobados mediante Fondecyt, bajo el alero de las Facultades de Ciencia de la Universidad de Chile y la Usach, entre los años 1984 y 1992. Al igual que Cassorla, Barros falleció de cáncer y trabajaba en La Reina.

Jorge Carrasco Andrade fue premiado por sus treinta años de funciones en Lo Aguirre, durante el cuadragésimo-tercer aniversario, de la CChen, realizado en abril del 2007. Seis mese más tarde, Carrasco murió víctima de una insuficiencia respiratoria aguda, neumonía adquirida en comunidad grave y cáncer pulmonar. El mismo destino tuvieron Schele Alberto Nino de Zepeda y Particio Godoy Ortiz de Zarate, ambos trabajadores en el mismo recinto que Carrasco.

Sin embargo, en la Comisión Chilena de Estudios Nucleares, no creen que la muerte de esos seis funcionarios este directamente ligada a la exposición radiactiva. Por el contrario, en el organismo piensan que dicho tema está fuera de todo análisis, ya que constantemente se evalúan los sistemas de seguridad de todo el personal.

Para la Higienista Ocupacional y Experta en mediciones Radioactivas, Erika Berna, quienes están en contactos con equipos o instalaciones propensas a radiactividad, deben ser protegidas mediante diferentes sistemas de seguridad. Según la profesional, uno de estos sistemas utilizados en recintos nucleares es la dosimería personal, «que consiste en medir constantemente, mediante un dosimetro, la cantidad de radiación que recibe una persona, y con ello elaborar registros». Independiente del lugar y la actividad que realicen los trabajadores, existe un límite de la radiación que el ser humano debe soportar, equivalente a 5 rem (unidad de medida) al año. «Una persona que bordea este límite, debe ser puesta en cuarentena y aislarse de su lugar de trabajo por un tiempo, hasta que la cantidad de Rem decline sola», explica la experta.

Si hubo o no incidencia de la radioactividad en la muerte tanto de los conscriptos como en los funcionarios, es algo que deberá investigar la comisión especial en caso de ser aprobada. Por lo pronto, el caso se mantiene en la Comisión de Derechos Humanos, quien ya ofició al Ejército para obtener la lista con todos los jóvenes de Curicó que hicieron el Servicio Militar en Lo Aguirre en 1989. Se maneja una cantidad cercana a los 90, cifra que puede aumentar de ser ciertas las sospechas sobre las causas que acabaron con la vida de seis funcionarios en los Centros de Estudios Nucleares.